Así se urdió el enredo societario del Canal para comprar Emissão

Martes 16 de Mayo del 2017

Primero se contacta con unos abogados en un país de legislación societaria favorable, pongamos Uruguay. Se les pide que creen una empresa —por ejemplo, con el hijo del dueño como principal socio— que, después de varios cambios de accionariado, acaba con otro nombre y siendo comprada por una filial del Canal de Isabel II. Poco después, se usa para adquirir, haciendo pagos a través de Suiza, una empresa brasileña por mucho más de lo que en realidad vale, enriqueciendo presuntamente por el camino a “determinadas personas” con dinero público.

Fachada de la sede del Canal en Madrid.

Fachada de la sede del Canal en Madrid. Santi Burgos

Las explicaciones que el bufete de abogados uruguayo Algorta & Asociados ha ofrecido a los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid —para demostrar que él no hizo nada ilegal— permiten reconstruir el enmarañado proceso por el que se creó la sociedad instrumental Soluciones Andinas de Aguas. Es decir, la firma utilizada por las principales filiales del Canal en Latinoamérica (Extensia e Inassa) para adquirir en 2013 Emissão Engenharia e Construçaõ. Una compra plagada de presuntas irregularidades, que está en el centro de la Operación Lezo contra la corrupción que ha llevado a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González.

El auto del juez Eloy Velasco del pasado 21 de abril sostiene que “las justificaciones esgrimidas para intermediar la sociedad uruguaya Soluciones Andinas del Agua en la operación carecen de fundamento”. Además, añade que “en el diseño, preparación y desarrollo de la compleja operación societaria participaron activamente tanto Ignasi Maestre como el propio Edmundo Rodríguez Sobrino”. Este último, detenido junto a González, fue hombre de confianza del expresidente en los negocios del Canal en América y gerente de Inassa. Por su parte, Maestre es un empresario andorrano muy cercano a Rodríguez, propietario de Igmasa y relacionado con varios casos de fraude fiscal de futbolistas.

El auto del juez señala como “fecha decisiva” abril de 2012, cuando Maestre compró la empresa que luego se convertiría en Soluciones Andinas. Sin embargo, la documentación del bufete uruguayo demuestra que estaba detrás de la creación de esa firma desde mucho antes.

Responsabilidad limitada. Maestre se pone en contacto con Algorta & Asociados el 15 de agosto de 2008 por correo electrónico para decirles que está “estudiando la utilización de una sociedad anónima o limitada uruguaya para operar con Brazil [sic]”. La idea, asegura, es poder cobrar rentas de alquiler a una compañía brasileña. Cuando el bufete se pone manos a la obra, el empresario andorrano decide que su nueva firma nazca bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada (SRL). Estas, según la legislación uruguaya, no exigen requisitos previos o permisos para un inversor extranjero, no restringen la repatriación de capitales y, a diferencia de las sociedades anónimas, no están sometidas al control de la Auditoría Interna de la Nación.

La preparación se completa el 14 de septiembre, cuando Maestre le pide a los abogados que sean ellos los que “constituyan una SRL” y que “posteriormente se realice una compraventa de las participaciones a la sociedad/persona designada por Igmasa”. Todo, “para facilitar el proceso de constitución y ganar mucho tiempo”, asegura.

La empleada accionista. En dos meses, el 27 de octubre de 2008, se inscribe en el registro nacional de comercio de Montevideo la sociedad Turman Investments SRL. El 99% de las acciones se ponen a nombre José Miguel Algorta Garicoits, hijo del dueño del bufete, y el 1% al de María Esther Campo Solares, que en algunas informaciones de la prensa uruguaya aparece como secretaria del bufete y en otras, como socia. El objeto principal de la mercantil se circunscribe a “la realización de todo tipo de actividades de inversión y tenencia de activos”.

De mano en mano.[ En febrero de 2009, Igmasa pide al bufete un cambio de accionariado: “Les recordamos que los accionistas de Turman serán los siguientes: Sociedad Fundación Himalaya (99%) y Yavango (1%)”. Ambas son mercantiles interpuestas offshore, con sede Islas Vírgenes y Panamá, respectivamente. Más tarde, Fundación Himalaya cede el 1% a Daniel José Herrera (otro presunto testaferro).

En agosto de 2011, el bufete se desentiende de la operación: entrega la totalidad de documentos a Pablo Roca, representante de Igmasa en Uruguay. Pero el Diario Oficial del país suramericano permite seguir el rastro. Por ejemplo, registra otro movimiento en marzo de 2012: Fundación Himalaya vende sus acciones a Yavango, y Daniel José Herrera a Tana Investment Company.

Aparece el Canal. En este tránsito, llega marzo de 2013, momento en el que la primitiva Turman, con la que se inició todo cinco años antes, cambia de nombre y se convierte en Soluciones Andinas de Agua. Poco después, en junio, esta vende la mayor parte de sus participaciones a las filiales del Canal Inassa y Extensia. Y el 14 de noviembre de ese mismo año, esas dos empresas del Canal adquieren con ella, por 21,5 millones de euros, Emissão, una empresa que al mes siguiente valía 10,2 millones; al año, 5,1 millones y que ahora está en pérdidas. El juez Velasco trata de averiguar, entre otras cosas, si alguien se repartió el dinero que se quedó por el camino.

Fuente: http://ow.ly/Wq9M30bLfIa

Calle 30 sanciona a EMESA con 995.000 euros por incumplimientos contractuales

Viernes 12 de Mayo del 2017

Instantánea de la M30. ANTONIO HEREDIA

El Consejo de Administración de Madrid Calle 30 ha penalizado a EMESA, socio privado de la sociedad mixta, con 995.000 euros por falta de cumplimiento de distintos compromisos contractuales relacionados con la instalación de una red wifi, de otra red de comunicaciones y de servicios de mantenimiento.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de noviembre el mismo órgano abrió seis expedientes de penalidades, tras los cuales se inició el plazo para la presentación de informes y alegaciones que ha concluido esta semana en tres de los expedientes.

En la primera resolución se hace referencia a carencias de inspección, mantenimiento e inventariado de los apoyos del bypass. En el contrato modificado de 2007 se incluyó una partida para la inspección especial y mantenimiento de esas instalaciones por la que el Ayuntamiento ha abonado más de 3 millones de euros. No se ha detectado ningún riesgo de seguridad, pero sí un incumplimiento de contrato.

La segunda resolución se refiere a la falta de instalación de la red wifi en la totalidad del anillo que estaba incluida en el contrato inicial. "Este servicio de mejora sería beneficioso para trabajadores y usuarios, pero no se ha prestado", han explicado desde el Consistorio.

Por último, en la tercera resolución se apunta a la falta de instalación de una red de comunicación PDH que mejoraría el sistema de gestión de comunicaciones entre las instalaciones de la infraestructura y el centro de control.

La totalidad de las penalidades asciende a 995.000 euros correspondientes a los 375.000 euros, 320.000 euros y 300.000 euros de cada una, como adelantó este jueves 'eldiario.es'.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó la creación de una comisión de investigación acerca del modelo de gestión de Madrid Calle 30. La primera sesión de trabajo a la que serán llamados a comparecer cargos políticos, técnicos y representantes de la sociedad civil tendrá lugar el próximo mes de junio.

Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento, que tiene el 80 por ciento del capital, y por EMESA, que cuenta con el 20 por ciento restante. La compañía privada está formada por Ferrovial Servicios SA, Dragados SA y API Conservación S.A.

Fuente: http://ow.ly/XjHb30bF7Zp

El juez imputa a la delegada del Gobierno de Madrid por una operación en Mercamadrid

Miércoles 10 de Mayo del 2017

El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid ha abierto diligencias previas contra 16 personas entre las que se encuentra la actual delegada del Gobierno de Madrid Concepción Dancausa y otros 14 cargos públicos por un supuesto delito societario relacionado con una ruinosa operación en Mercamadrid. El juzgado les ha informado de que está realizando una investigación por admnistración desleal o fraudulenta motivada por una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, como adelantó EL PAÍS, y que todos figuran en calidad de investigados, término con el que ahora se denomina jurídicamente a los imputados. El juzgado también ha ofrecido a los posibles perjudicados de Mercamadrid que emprendan acciones.

En la lista de investigados se encuentra José Enrique Núñez Guijarro, exprimer teniente de alcalde del Gobierno de Ana Botella y actualmente diputado del PP en la Asamblea de Madrid;  Manuel Troitiño Pelaz, exmiembro del Ayuntamiento de Madrid y ex diputado autonómico, y ahora concejal en Majadahonda; José Manuel Torrecilla Jiménez, exdirector general de Mercamadrid ; Dolores Flores Cerdán, exdirectora general de Economía y Desarroyo Económico del Ayuntamiento, y Silvia Llerena Muñoz, jefa de Planificación Estratégica y Operaciones de Mercasa.

También se nombra como investigados a María Jesús Prieto, que fue secretaria general de Mercasa y vicepresidenta primera de Mercamadrid; a Pablo Manuel González González, hermano del expresidente de Madrid Ignacio González, que era responsable de Mercasa; Manuel Beltrán Pedreira, vocal y subdirector técnico de Canal de Isabel II y Pablo J. M. del Amo Serrano, que fue consejero delegado de Madridec.

En el extenso listado también figura Marta Fernández-Pirla Martínez, hoy en el Tribunal de Cuentas pero que fue miembro de los consejos de administración de Mercamadrid, Ifema, Madrid Destino, Madrid Calle 30, el Club de Campo o la empresa de servicios funerarios de Madrid y el empresario José Domingo Rodríguez Losada, un pujante constructor de la época del auge inmobiliario de Marbella.

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó a finales de abril una denuncia contra Dancausa, por "un delito societario del artículo 295 del Código Penal" contra las arcas de Mercamadrid durante la época en la que fue concejal en el equipo de gobierno de la alcaldesa Ana Botella. La iniciativa de la fiscalía se produce un año después de que el actual Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena le remitiera un informe en el que denunciaba malversación de caudales públicos en la adjudicación de unos terrenos en Mercamadrid. Una extraña operación en la que los gestores del mercado central de mayoristas, dependiente del Ayuntamiento de la capital, ceden unos terrenos municipales y, en lugar de cobrar por ello, acaba pagando 41.500 euros al mes al beneficiario, y así hasta 2032.

Fuente: http://ow.ly/YbBj30bAXX6

Arturo Fernández salpica a sus exdirectivos: no quiere comerse el último marrón judicial

Miércoles 10 de Mayo del 2017

Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, no quiere comerse solo el último marrón judicial que tiene que afrontar. Fernández declaró este martes en calidad de investigado (la nueva figura jurídica de la imputación) en el juzgado de instrucción número 6 de Madrid, en una pieza separada de otra causa ya abierta en el juzgado número 46 que investiga si CEIM y la Cámara de Comercio utilizaron los fondos públicos de los cursos de formación para financiarse ilegalmente. Fernández ha declarado que todo se hizo "correctamente", según fuentes jurídicas, pero ha pasado la pelota al tejado de cinco directivos de la CEIM y de la Cámara responsables de los cursos de formación, ya que él no firmó ni contrató nada.

Tras destaparse en febrero de 2014 el caso Aneri (un gran fraude en los cursos de formación financiados por la Comunidad de Madrid y gestionados por el empresario cordobés José Luis Aneri), la Policía Nacional amplió su investigación para averiguar si otras organizaciones empresariales, entre ellas la patronal madrileña CEIM, utilizaban el dinero de estas ayudas para financiarse ilegalmente. En el epicentro de las investigaciones también se encuentran la Cámara de Comercio y el Instituto de Formación Empresarial (IFE), encargados de impartir los cursos. ¿Cómo era la operativa? CEIM pedía al Gobierno regional ayudas públicas para formar a sus trabajadores, y luego transfería ese dinero al Instituto de Formación Empresarial (IFE), dependiente de la Cámara, para que realizara los cursos.

Esta nueva investigación desgajada de Aneri cayó en el juzgado número 46, donde se ha citado como investigado a otro expresidente de CEIM, el predecesor de Arturo Fernández, Salvador Santos Campano. Para realizar los cursos, la ley permite que un 10% de la subvención retorne a las entidades empresariales para poder sufragar actividades relacionadas con los cursos, como puede ser pagar publicidad para promocionarlos, pagar las facturas de la luz durante las clases o material relacionado con las mismas. Ese 10%, conocido como retorno, pudo ser utilizado para otros fines, según los investigadores, que ayudaron a financiar irregularmente a las asociaciones empresariales. Los agentes y la Fiscalía de Delitos Económicos se centran en los convenios de colaboración que la Cámara firmaba con algunas organizaciones empresariales y municipios.

A través de estos acuerdos, las patronales destinaban al IFE, que depende de la Cámara, el dinero de las subvenciones que previamente habían conseguido de la Comunidad de Madrid. El IFE era el encargado de impartir los cursos, según esos convenios. Luego, en esos mismos documentos, se acordaba devolver a las asociaciones un porcentaje de la subvención en concepto de patrocinio de actividades como la feria de la tapa, jornadas gastronómicas o campañas de ventas y rebajas. El caso ha crecido y ha salpicado a más juzgados.

El expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid Salvador Santos Campano, con corbata roja. (EFE)

El expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid Salvador Santos Campano, con corbata roja. (EFE)

¿Por qué? Según el Código Penal, el sujeto activo en el delito de fraude de subvenciones es la entidad beneficiaria de la ayuda. Da igual que varias asociaciones subcontraten a la misma entidad (en esta caso, la Cámara y su Instituto de Formación Empresarial). Por eso, el juzgado 46 elevó al Decanato de Plaza Castilla los otros expedientes investigados. Uno de ellos recayó en el 6, que ha citado a Arturo Fernández en calidad de investigado por un delito de fraude de subvenciones públicas.

En este caso, el juzgado 6 investiga los cursos de formación impartidos en 2011 y 2012. En su declaración, según fuentes jurídicas, Fernández señaló que cree que todo se hizo correctamente, ya que los cursos de formación pasaron auditorías "exhaustivas" y el tutelaje de la Comunidad de Madrid, aunque matizó que quizá se pudieron cometer "errores administrativos pero nunca fraude". El Tribunal de Cuentas ya alertó de que había irregularidades en algunas de las facturas relacionadas con los cursos.

Fernández, no obstante, cree que no debe ser el único responsable de estos "errores". El juez ya tiene en su poder un organigrama de los cargos directivos de CEIM y de la Cámara en esos años, ya que el expresidente de la patronal aseguró en su declaración que él no firmó nada ni contrató nada. Fernández insistió en que pone la mano en el fuego por todo, pero también que él no puede aclarar "los datos técnicos" de los cursos, y confirmó, a preguntas del magistrado, los nombres de los cargos responsables de los mismos. Según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, todos serán llamados a declarar también por el juez. Se trata de Fernando Garzo, exdirector del IFE; Sol Olabarri y Alejandro Couceiro, ex secretarios generales de CEIM; Carlos Prieto, actual director gerente de la Cámara, y Miguel Garrido, actual secretario general de CEIM.

El del juzgado número 6 se trata de un nuevo frente judicial para Fernández. Ya fue condenado a seis meses de prisión por el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. En el caso Púnica también está siendo investigado por la donación que su grupo empresarial hizo al PP en el año 2007. El juez Eloy Velasco tomó declaración a Fernández a principios de marzo, ya que ha conectado las donaciones al Partido Popular con las adjudicaciones que recibió su grupo de restauración, Arturo Cantoblanco.

Fuente: http://ow.ly/oAzX30bAXry

«¡Ha sido el cristal!»: las dos hipótesis sobre la muerte de los jóvenes que cayeron por el hueco del ascensor

Miércoles 10 de Mayo del 2017

Las escenas de dolor se repitieron a lo largo de la tarde de ayer entre amigos de las víctimas

Las escenas de dolor se repitieron a lo largo de la tarde de ayer entre amigos de las víctimas - INMA FLORES

«Dime que no es verdad. Dímelo, por favor.No pueden haber muerto. ¡Es horrible!». Eso preguntaban ayer dos chicas, entre sollozos, cuando se dirigían al número 4 de la calle de los Hermanos Bécquer (Barrio de Salamanca, Madrid). Estaba cortada por la Policía Nacional, había un hospital de campaña del Samur y varias dotaciones de este servicio de emergencias, de la Policía Municipal y de los Bomberos del Ayuntamiento. Ahí se enteraron de la terrible noticia. Dos de sus amigos, «una pareja de novios» de 17 años, habían perdido la vida cuando pretendían bajar a la calle en ascensor desde un octavo piso, donde se encuentra el ático. En el edificio vivía la chica.

El extraño accidente ocurrió a las 16.45 horas. Por causas que están siendo investigadas, el suelo del ascensor se vino abajo y, con él, los dos jóvenes cayeron al vacío y acabaron en el foso, muriendo en el acto, precisaron fuentes policiales y de Emergencias Madrid. «¡Ha sido el cristal, ha sido el cristal, que se ha roto!», recalcaban en estado de shock y muy alterados algunos amigos de las víctimas.

El inmueble tiene dos elevadores: el de servicio y el principal, y el siniestro ocurrió en este último, de vidrio, así lo aseguraron varios trabajadores de la finca, que no pudieron precisar si el suelo también lo era ya que no lo utilizan.

Por ello, otra de las hipótesis que se manejaban era la de que, tal y como explicaban algunos compañeros, se hubiera roto una o parte de una mampara y esta arrastrara la plataforma, con lo que los dos chicos cayeron al vacío. Las causas del accidente, que investiga la Policía Científica, son una incógnita por el momento.

Una fiesta que acabó en drama

Los fallecidos habían quedado con un nutrido grupo de compañeros de 2º de Bachillerato del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, de la Compañía de los Jesuitas, situado en el distrito de Chamartín, para celebrar el fin de los exámenes antes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Estaban en el ático del inmueble, de ocho plantas –con una altura de nueve–, haciendo los preparativos para la fiesta. La pareja salió a buscar o comprar algo e, inopinadamente, la tragedia segó sus vidas.

La celebración se tornó en una tragedia. La noticia corrió como la pólvora. Los chavales que estaban en la finca salieron a la calle, se abrazaban, se echaban las manos a la cabeza, lloraban sin consuelo... Hasta el lugar comenzaron a llegar más jóvenes para la celebración y padres de muchos de ellos, que a duras penas contenían la emoción. Las escenas de dolor se repetían.

Los psicólogos del Samur tuvieron que atender a más de una veintena de chicos. Estos fueron trasladados hasta la BNP Paribas, situada en la acera de enfrente, junto a la embajada de EE.UU., donde fueron recogidos por sus padres y siguieron auxiliándoles. La calle permaneció cortada hasta que el juez autorizó el levantamiento de los cadáveres, a las 19.20 horas. Fueron trasladados hasta el Tanatorio Norte.

«No me lo explico. El inmueble ha sido reformado íntegramente hace un año o año y medio, aproximadamente; solo se ha mantenido la fachada. No sé si han cambiado los ascensores», decía un vecino de la zona. Así lo aseguraban otros residentes. «No están aún todos los pisos ocupados. Eso sí, los inquilinos son todos nuevos», decían otros.

Fue la inmobiliaria del Grupo Millenium la que se encargó en 2015 de la obra de, al menos, seis de las viviendas, de 300 metros cuadrados, para venderlas por entre 1,7 y 1,9 millones de euros.

«¡No me lo puedo creer!. La chica era majísima, guapa, lista y muy buena estudiante», comentaba la mujer de la limpieza que acudió a trabajar al piso de los padres de la víctima sin saber el drama que se había desencadenado de forma brusca y repentina.

«¡No me he despedido de ellos! ¡No me he despedido!», repetía, de forma incoherente, una amiga de la pareja, llorando sin cesar. El director del centro educativo mandó una nota a los alumnos de la clase de los fallecidos pidiendo que rezaran por ellos.

Fuente: http://ow.ly/Q2GW30bAWXa